La extorsión en el transporte urbano de Honduras: un desafío creciente a pesar del estado de excepción
Tegucigalpa, Honduras. – A pesar de la implementación del estado de excepción el 6 de diciembre de 2022 con el objetivo de combatir la extorsión, los empresarios del transporte urbano denuncian un aumento en la comisión de este delito por parte de diferentes estructuras criminales.
Jorge Lanza, dirigente del transporte urbano, expresó su preocupación ante la creciente presión que sufren en el sector debido a la extorsión. Desde la implementación del estado de excepción, el pago de la renta a los criminales no ha cesado, sino que ha aumentado, junto con la aparición de nuevas bandas delictivas. Lanza señaló que el transporte urbano sigue siendo la principal víctima de estos delitos.
En los últimos meses, varias rutas de transporte han sido paralizadas debido a la imposibilidad de costear los pagos de extorsión. Lanza, propietario de unidades que circulan cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estima que hasta agosto de este año han entregado casi 400 millones de lempiras a grupos criminales y pronostica que esta cifra superará los 600 millones al finalizar el año.
El dirigente del transporte urbano lamentó el aumento en las exigencias de los criminales, que ahora pueden solicitar hasta 15 mil lempiras por unidad semanalmente. Anteriormente, los cobros eran más moderados, pero la presión actual obliga a los empresarios a cumplir para evitar represalias como la quema, el robo o la inmovilización de los autobuses.
En cuanto a las consecuencias de no cumplir con los pagos de extorsión, Lanza destacó que la muerte es una realidad para quienes incumplen. Los transportistas que se atrasan en los pagos enfrentan represalias violentas, lo que ha llevado a la muerte de varios integrantes del sector en años anteriores.
A pesar de los esfuerzos por combatir la extorsión, la situación no ha mejorado significativamente. Según Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los resultados en la lucha contra la extorsión han sido insuficientes. A pesar del aumento presupuestario para la seguridad, la efectividad en la investigación y persecución de estos delitos ha sido limitada.
Castañeda señaló que la falta de resultados efectivos se refleja en el bajo número de arrestos relacionados con la extorsión, a pesar de la detención masiva de personas durante el estado de excepción. La impunidad persiste debido a la falta de estrategias claras y a la ineficacia en las investigaciones, lo que permite que los líderes criminales continúen operando sin consecuencias.
El análisis de Castañeda revela que la ineficiencia en la lucha contra la extorsión se extiende al Ministerio Público, donde se han presentado menos requerimientos fiscales contra extorsionadores en comparación con años anteriores. La falta de acusaciones y sentencias condenatorias contribuye a la sensación de impunidad que prevalece en la sociedad hondureña.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por abordar la situación mediante el estado de excepción, la falta de resultados efectivos en la lucha contra la extorsión plantea dudas sobre la efectividad de esta medida. La suspensión de derechos fundamentales y la detención masiva sin resultados contundentes han generado un ambiente de impunidad que beneficia a los criminales.
En resumen, la extorsión en el transporte urbano de Honduras continúa siendo un desafío importante a pesar de las medidas implementadas. La falta de eficacia en las investigaciones y la impunidad reinante representan obstáculos significativos en la lucha contra este delito. Es fundamental replantear las estrategias y fortalecer los mecanismos de persecución para lograr resultados efectivos y brindar seguridad a los ciudadanos.