El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se presentó esta mañana en el Tribunal Supremo como imputado para refutar las acusaciones de filtrar a la prensa información confidencial sobre el caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En un intento por desmentir bulos y desinformación, García Ortiz defendió su recopilación de documentos en marzo del año pasado y denunció la legalidad de los registros en su despacho en octubre.
De manera contundente, García Ortiz negó haber filtrado el documento a la prensa o a la Moncloa, así como haber perjudicado a Alberto González Amador o a Isabel Díaz Ayuso. Su objetivo era desmentir bulos e informaciones falsas del caso en esos días de marzo. El fiscal general relató cómo se enteró de la denuncia dos días antes de que los medios se interesaran por el caso, confirmando que este afectaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Durante su comparecencia, García Ortiz también abordó preguntas sobre el cambio de su teléfono móvil una semana después de la apertura del caso en el Supremo y por qué no conserva sus mensajes. Argumentó que cambió de móvil en múltiples ocasiones desde su llegada a la Fiscalía General para proteger datos confidenciales de causas y diligencias almacenadas.
En su declaración, el fiscal general criticó la instrucción del caso por parte del juez Hurtado, argumentando que se están vulnerando sus derechos fundamentales al rechazar diligencias clave. Denunció que el proceso carece de definición clara y que el registro de su despacho en octubre fue ilegal.
García Ortiz llegó en coche al Tribunal Supremo a las 9:45 de la mañana, enfrentando insultos de un grupo de personas al ingresar por la puerta principal. La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, comparecerá al día siguiente, mientras que el teniente fiscal de la secretaría técnica, Diego Villafañe, declarará la semana próxima. Los tres imputados fueron citados después de tres meses de instrucción y la comparecencia de 14 testigos.
El fiscal general respondió solo a preguntas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, señalando que la representación legal de González Amador ocultó información relevante desde la presentación de la querella. Se negó a responder al juez, considerando la instrucción nula y denunciando que el magistrado ya había tomado una decisión sobre el caso.
Uno de los indicios manejados por la Guardia Civil para implicar a García Ortiz y Pilar Rodríguez es un mensaje en el que ella se refiere a él como “jefe”. García Ortiz explicó que el mensaje se debió a la reciente revalidación de su cargo.
### Tres meses de investigación
El Tribunal Supremo investiga la filtración a la prensa en marzo del año pasado de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador ofrecía un pacto al fiscal. La causa se centró en un comunicado de la Fiscalía del 14 de marzo, pero posteriormente se enfocó en la filtración previa del correo y el posible papel del Ministerio Público en ella.
El juez Hurtado desestimó la defensa de García Ortiz, argumentando que la información ya circulaba antes de que él la obtuviera, lo que refuerza la sospecha de que el fiscal general filtró el correo.
En resumen, la comparecencia de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo arrojó luz sobre las acusaciones en su contra, donde defendió su actuación y denunció irregularidades en la instrucción del caso. La investigación continúa, y el papel de otras figuras clave en el caso está bajo escrutinio.
