La jueza a cargo del caso de la DANA ha emitido un auto contundente que cuestiona la versión presentada por el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón en relación con la trágica respuesta a la emergencia provocada por la barrancada del pasado 29 de octubre. En un documento conciso de apenas 16 páginas, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmontó todas las excusas y coartadas sostenidas por Mazón y el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo. La resolución deja claro que el «mando único de la emergencia» correspondía exclusivamente al Consell, el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil, lo que desmiente la idea de que la DANA fue un fenómeno meteorológico imprevisto. La jueza señala una «inactividad patente de la Administración autonómica» que posiblemente constituya una negligencia y que contribuyó a las trágicas muertes de 228 personas en circunstancias inexplicables.
La implacable actuación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra
La jueza, conocida por su empatía con las víctimas y su enfoque incisivo en las resoluciones, no titubea al enumerar los nombres de las 228 víctimas mortales y las desgarradoras declaraciones de sus familiares. Destaca la importancia de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las miles de llamadas al 112, la cobertura mediática detallada de las inundaciones y las mediciones de caudales realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La respuesta a la emergencia era competencia exclusiva de la Generalitat, según la normativa vigente, y la jueza resalta el papel de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el ejercicio del mando único y la dirección de los planes de protección civil.
La demora en la convocatoria del Cecopi y la falta de alerta adecuada
La magistrada hace hincapié en la demora en la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y en la toma de decisiones por parte de la Administración autonómica, que se produjo con un retraso aún mayor. Se cuestiona la decisión de enviar la alerta a los móviles, considerada tardía y errónea por no pedir a la población que se refugiara en zonas altas. La jueza apunta a una posible ignorancia de la gravedad de la situación, la falta de comprensión del alcance del desastre, la ausencia de decisiones clave por parte de quienes tenían el poder de decisión y el retraso en el envío de la alerta como factores clave en la negligencia que costó tantas vidas.
El papel crucial de la televisión autonómica en la difusión de alertas
La magistrada destaca el papel fundamental de la televisión autonómica À Punt como canal preferente para la transmisión de información oficial a la población durante la emergencia. Detalla cómo la cadena pública proporcionó información detallada sobre las inundaciones y alertó sobre el peligro en el barranco del Poyo, donde se produjeron la mayoría de las muertes. Las imágenes claras y la cobertura extensa de À Punt, junto con otros medios de comunicación, demostraron la gravedad de la situación y la necesidad de una alerta temprana para evitar tragedias como las ocurridas durante la DANA.
En resumen, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha puesto de manifiesto la negligencia y las posibles imprudencias graves cometidas por la Generalitat en relación con la gestión de la emergencia provocada por la DANA. Su auto detallado y contundente arroja luz sobre los errores y omisiones que contribuyeron a la pérdida de vidas humanas y exige responsabilidades a quienes tuvieron el poder de prevenir esta tragedia.
