Después de más de un año de intensas negociaciones, finalmente se ha llegado a un acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la delegación de competencias migratorias a la Generalitat. Este acuerdo, que se espera que se oficialice de manera inminente, ha sido un tema de discusión que ha mantenido a ambos partidos en vilo, y que finalmente parece haber llegado a buen término.
El pacto, que será registrado en el Congreso a través de una Proposición de Ley, es fruto del compromiso inicial del Gobierno con los siete diputados de Carles Puigdemont a cambio de su apoyo parlamentario. Aunque los detalles específicos del acuerdo todavía no han sido revelados por ninguna de las partes, se sabe que en las últimas semanas las negociaciones se habían estancado debido a las demandas de Junts, que incluían el control exclusivo de fronteras por parte de los Mossos d’Esquadra, una propuesta que había sido considerada inconstitucional por el Gobierno y el Ministerio del Interior en su momento.
El Gobierno lleva meses trabajando en una ley orgánica sobre gestión migratoria que involucra a varios departamentos ministeriales, como la Vicepresidencia Primera, Interior, Exteriores, Inmigración y Presidencia. Esta ley tiene como objetivo permitir a las Comunidades Autónomas, no solo a Cataluña, asumir competencias en acogida e integración de personas inmigrantes en sus territorios. Esta medida se ve como un paso lógico para fortalecer el papel de los servicios sociales locales en el proceso de inclusión social de los inmigrantes.
Además, en el acuerdo se contempla la posibilidad de que los Mossos d’Esquadra participen en labores de acompañamiento durante operaciones fronterizas específicas, aunque las competencias estatales en materia de expulsiones seguirán siendo responsabilidad de ministerios como Interior o Asuntos Exteriores. Esto garantiza que la seguridad en las fronteras siga siendo una prioridad para el Estado, a pesar de la descentralización de algunas competencias a nivel autonómico.
Durante las negociaciones, el Gobierno ha recordado la importancia de respetar la legislación europea de fronteras, especialmente en el contexto del Espacio Schengen, que establece la libre circulación entre 29 países europeos. Esta normativa implica la supresión de controles en las fronteras internas de estos países, trasladando la responsabilidad de los controles a las fronteras exteriores. En el caso de las expulsiones, se basan en acuerdos bilaterales entre estados para garantizar la repatriación de los individuos en cuestión.
En resumen, el acuerdo entre el PSOE y Junts representa un avance significativo en la gestión migratoria y la delegación de competencias a nivel autonómico. Aunque aún quedan detalles por definir, este pacto sienta las bases para una colaboración eficaz entre las distintas instancias gubernamentales en la atención a las necesidades de las personas inmigrantes en España. La cooperación entre los partidos políticos es fundamental para garantizar una respuesta integral y solidaria ante los desafíos migratorios que enfrenta el país en la actualidad.
