Ampliación de investigación de contratos en la Formación Profesional en Madrid
La Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso, bajo la dirección de Enrique Ossorio y Rocío Albert, se encuentra en el ojo del huracán por llevar a cabo obras en institutos y centros educativos de manera irregular. En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos para obras de envergadura, se optó por utilizar contratos menores, eludiendo controles financieros y la competencia necesaria. Ejemplo de esto es el centro de FP Ignacio Ellacuría, cuya obra integral debía haberse licitado por medio millón de euros, pero se fragmentó en contratos menores para favorecer a empresas específicas.
Posible prevaricación y corrupción
El juzgado de instrucción número 36 de Madrid investiga este caso tras una denuncia interpuesta por Podemos. Se sospecha de prevaricación, un delito punible con multas, prisión e inhabilitación. El desvío de fondos para obras sin el debido proceso de licitación pública y la falta de competencia entre empresas constructoras han levantado sospechas de corrupción en la gestión de contratos en la Consejería de Educación.
Implicaciones y responsabilidades
La investigación apunta a directores de instituto y al subdirector de FP, Alfonso Mateos, quienes han sido señalados a pesar de su limitada capacidad de decisión en contrataciones y pagos. La complejidad de las obras, la distribución geográfica de los centros implicados y la coincidencia temporal de los casos sugieren una coordinación superior en la toma de decisiones. La falta de formación financiera y jurídica de los directores ha contribuido a la gestión irregular de los fondos.
Ampliación de casos y nuevas revelaciones
El escándalo ha crecido con la inclusión de dos nuevos centros en la investigación: IES Ciudad de los Poetas y Tetuán de las Victorias. Auditorías realizadas han confirmado irregularidades con posibles implicaciones legales, incluyendo el uso recurrente de contratos menores sin competencia real entre empresas. La falta de publicación de presupuestos y la asignación directa de obras a empresas de mantenimiento sin justificación han sido señalados como prácticas irregulares en la gestión de los fondos públicos.
Desenmascarando el caso
La alerta sobre estas prácticas irregulares surgió de un empresario que no recibió el pago por una obra realizada en Ciudad Escolar. Tras una investigación interna, se recomendó llevar el caso a la justicia por la gravedad de los hechos. ElDiario.es ha sido clave en la revelación de más casos similares, lo que ha llevado a una investigación más amplia y a la posible implicación de altos cargos de la Consejería de Educación.
El futuro del caso y la importancia de la transparencia
El juzgado de instrucción deberá determinar si los responsables enfrentarán cargos, si hubo beneficios personales involucrados, y si existen más irregularidades por descubrir. La transparencia y el escrutinio público son fundamentales para prevenir y castigar conductas corruptas en la gestión de recursos públicos. Si tienes información relevante sobre este caso, no dudes en contactarnos a través de nuestro correo electrónico: pistas@eldiario.es.
