La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a la oferta de compra de acciones (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. Esto ha ocurrido casi un año después de que la entidad presidida por Carlos Torres revolucionara el mundo financiero español al confirmar su intención de adquirir a uno de sus principales competidores.
El organismo presidido por Cani Fernández ha aprobado la oferta, pero con ciertos compromisos que BBVA tendrá que cumplir. Esto se da después de una reunión maratoniana este miércoles, ya que hace unas horas aseguraban que aún no habían tomado ninguna decisión.
Este paso ahora permite que el Gobierno pueda analizar a fondo la operación. A partir de este momento, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Cuerpo, tendrá 15 días para decidir si llevará la integración al Consejo de Ministros. Este último podrá mantener las exigencias aprobadas por la CNMC, imponer otras diferentes e incluso vetar la OPA. Para eso tendría un mes adicional. Economía ya ha mencionado que «una vez reciba el informe de la CNMC» lo analizará «con rigor y detalle».
Antes de conocer la respuesta de Competencia, BBVA admitía este martes que este era el escenario más probable, el de un visto bueno con compromisos, y se mostró confiado en que las medidas propuestas sean suficientes para convencer al Gobierno. En caso contrario, si consideran que las exigencias impuestas no «crean valor para sus accionistas, podemos dar marcha atrás» y retirar la oferta, según asumió su consejero delegado Onur Genç. Hace unas semanas, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, reiteró en la junta de accionistas uno de los argumentos que la entidad catalana ha resaltado desde hace un año, que «genera más valor mantener ambos bancos de forma independiente» y que, en su opinión, la integración plantearía «serios problemas para la competencia».
La CNMC concluye que la «operación supone una amenaza para la competencia efectiva en determinados ámbitos del mercado de banca minorista y de servicios de pagos», según explica el supervisor. «Respecto a la banca minorista, la concentración supone la creación de una entidad líder en varios de sus segmentos, tanto para particulares como para pymes y autónomos». También, que ha «identificado 96 municipios en los que, tras la operación, se supera la cuota conjunta del 50% con adición mayor al 15%, resultando una situación de duopolio en 48 de estos municipios», concluye, aunque no los indica.
Además, ha detectado 72 códigos postales en los que tras la operación se generará o bien una situación de monopolio como resultado de la concentración (siete códigos postales), o bien una situación de duopolio (65 códigos postales). Y, respecto al mercado de servicios de pagos, la entidad resultante superaría el 30% de cuota conjunta a nivel nacional, «por lo que existe un riesgo de empeoramiento de las condiciones comerciales mediante el incremento del precio al comercio que demanda los servicios de adquisición de operaciones de pago», indica el supervisor de la competencia.
Después de ese análisis, la CNMC percibe una serie de riesgos. En concreto, un «empeoramiento de condiciones comerciales para particulares, pymes y autónomos en determinadas localizaciones, derivado de la posición competitiva preponderante que obtendrá la resultante en determinadas localizaciones». También, un «riesgo de exclusión financiera para los clientes en determinados municipios, especialmente en zonas rurales y para determinados colectivos de población más dependientes de los servicios presenciales», enumera la CNMC en su resolución.
