El PP Contrata al Abogado de Manos Limpias en la Causa Contra el Fiscal General
El Partido Popular ha sorprendido al público al contratar a Víctor Soriano, el abogado de Manos Limpias, para representarlos en la causa abierta contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Soriano, quien cobra 56.937 euros anuales de dinero público desde enero de 2024, anteriormente dirigía las acciones judiciales del PP contra el expresidente valenciano Ximo Puig. Desde el pasado verano, también ha sido el letrado de la organización ultra en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de datos confidenciales de los posibles delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Contratación de Soriano y sus Implicaciones
La contratación de Soriano se hizo pública en el Boletín Oficial del Senado en enero de 2024, donde se le asignó como personal eventual adscrito a la Secretaría Primera del Senado, en el cargo de personal eventual nivel A. A pesar de esto, la web de la Cámara Alta lo tiene asignado al grupo parlamentario del PP. Ante las preguntas de elDiario.es, Soriano afirma que trabaja «para el Senado como institución» pero está adscrito a la citada Secretaría Primera, en manos de la popular Eva Ortiz.
La Defensa de Soriano y las Respuestas Oficiales
Soriano ha defendido que tiene concedida la compatibilidad para ejercer la abogacía como actividad privada, y alega que su trabajo en el Senado no tiene relación con su actividad como abogado, que se centra en clientes variados, incluidos ayuntamientos del PSOE o expolíticos de Compromís. Fuentes de la Presidencia del Senado han reiterado que Soriano tiene concedida la compatibilidad y han aclarado que el PP no lo tiene contratado, siendo responsabilidad de la Secretaría Primera de la Mesa del Senado.
Contexto y Reacciones Adicionales
Manos Limpias, la organización representada por Soriano, ha sido una acusación popular recurrente en casos judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez o que afectan al Gobierno. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha denunciado filtraciones de información confidencial, apuntando a acusaciones populares como Manos Limpias como responsables. Soriano, por su parte, ha salido en defensa del juez encargado de la causa, criticando las filtraciones que perjudican el proceso.
En resumen, la contratación de Víctor Soriano por el Partido Popular ha generado controversia y suscitado debates sobre la ética y las implicaciones políticas de tener un abogado con vínculos con Manos Limpias representando al partido en un caso tan relevante como el del fiscal general del Estado. La transparencia y la separación entre sus roles como abogado privado y asesor del Senado son aspectos que estarán bajo escrutinio en las próximas semanas.
