El Tribunal Supremo ha decidido no abrir una causa penal contra Juan Carlos de Borbón por cómo manejó su dinero. Varios juristas, incluidos jueces jubilados de la corte suprema y fiscales, presentaron una denuncia en su contra, pero los magistrados la rechazaron. Argumentaron que la Fiscalía cerró el caso después de una larga investigación y que no encontraron evidencia de delito, o que el tiempo para presentar cargos había expirado, o que los pagos que hizo a Hacienda fueron suficientes para evitar una acusación penal.
La investigación de la Fiscalía reveló que Juan Carlos I acumuló una gran fortuna en el extranjero sin reportarla a Hacienda, incluso después de abdicar en 2014. Recibió más de 60 millones de euros de Arabia Saudí, viajes pagados por empresarios y dinero en un ‘trust’ en Jersey. La Fiscalía también determinó que el rey emérito estaba protegido por su inmunidad mientras era monarca, la prescripción de muchos hechos y que los pagos a Hacienda eran válidos para saldar deudas pendientes.
El Tribunal Supremo respaldó la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso contra Juan Carlos I. Criticaron a los denunciantes por intentar judicializar el proceso basándose en una interpretación selectiva de los documentos de la Fiscalía. El tribunal consideró que no había motivos para reabrir la investigación y recalculó los plazos de prescripción o regulación.
El archivo de la querella refuerza la posición de Juan Carlos I ante posibles investigaciones penales sobre su fortuna. Además, marca un precedente legal basado en decisiones anteriores de la Fiscalía que no fueron impugnadas durante años.
La decisión del Tribunal Supremo se produce en medio de la nueva estrategia legal del rey emérito, que ha iniciado acciones legales contra Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen. Se ha programado un acto de conciliación entre Juan Carlos I y Revilla para el 16 de mayo, mientras que el pleito contra Larsen se ha presentado en Suiza.
La resolución del Tribunal Supremo cierra definitivamente la posibilidad de una investigación penal contra Juan Carlos I por su gestión financiera. A pesar de las dudas planteadas por algunos sectores, la decisión judicial parece ser firme y definitiva.
