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El Gobierno parece que ha logrado salir del aprieto con el restablecimiento total del suministro eléctrico en todo el país después del apagón sin precedentes que dejó a España en la oscuridad. Sin embargo, ahora se enfrentan a la tarea más complicada: descubrir por qué desaparecieron repentinamente 15 gigavatios de energía a las 12.33 del 28 de abril de 2025, lo que equivale al 60% de la electricidad consumida en ese momento. Las opiniones de Red Eléctrica, en la que el Estado tiene una participación del 20%, y de los operadores privados chocan con la postura del Gobierno.

Después de la emergencia, el presidente señaló públicamente en varias ocasiones la posible responsabilidad de los operadores privados y expresó su descontento por enterarse de las conclusiones de Red Eléctrica a través de los medios de comunicación. Se ha formado un ambiente tenso entre el Ejecutivo, Red Eléctrica y las compañías privadas, lo que llevó a una reunión en la Moncloa convocada por Pedro Sánchez. Aunque agradeció la pronta recuperación del suministro, les exigió colaborar en la identificación de las causas del incidente.

La derecha, incluido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, critica al Gobierno por lo que consideran un intento de ocultar información después del apagón, confiando en que las instituciones europeas aclaren lo sucedido. El Gobierno afirma que Red Eléctrica y las empresas privadas han sido evasivas al proporcionar información concreta sobre el origen de la crisis, lo que ha generado malestar en la Moncloa. Se vislumbra una posible batalla legal por posibles indemnizaciones millonarias, con Portugal y algunas regiones de Francia como posibles afectados.

El descontento del Gobierno se dirige directamente a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, a quien critican por no haber liderado la crisis en las horas más críticas y por no haber ofrecido explicaciones públicas. Durante una comparecencia, el presidente expresó abiertamente sus diferencias con la gestión de Red Eléctrica en las últimas horas, descartando la hipótesis de un ciberataque y anunciando una investigación independiente para esclarecer lo sucedido.

El enfrentamiento con Red Eléctrica comenzó el mismo día del apagón, cuando el director de Servicios para la Operación afirmó que no se había producido un incidente de seguridad en el centro de control de la compañía. Expertos del Centro Criptológico Nacional habían descartado un ataque informático, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistía en la posibilidad de un ciberataque. La Audiencia Nacional abrió una investigación basándose en las sospechas del presidente, lo que generó más confusión sobre la causa del apagón.

A medida que se desarrollaba la situación, surgieron diferentes teorías sobre la responsabilidad de las empresas eléctricas en el incidente. Mientras algunos señalaban la falta de inversión y preparación de las centrales eléctricas, otros descartaban la posibilidad de un ciberataque como causa del apagón. El Gobierno insiste en la necesidad de una investigación pública para determinar las responsabilidades de cada parte involucrada en la crisis.

En resumen, aunque el restablecimiento del suministro eléctrico marca el fin de la fase más crítica de la emergencia, el Gobierno se enfrenta ahora a la tarea de esclarecer las causas del apagón y las posibles implicaciones legales que puedan surgir. La tensión entre el Ejecutivo, Red Eléctrica y las empresas privadas refleja la complejidad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva para evitar futuros incidentes similares.