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El Centro de Investigaciones Sociológicas está sacando unas encuestas cada mes para saber qué piensan los ciudadanos sobre los temas que les preocupan. Desde diciembre, «La vivienda» ha estado en el tope de la lista como el principal problema en España, subiendo del 22,3% al 28,8%. Parece que la población no está viendo los esfuerzos del Gobierno en mejorar la situación. Para abordar esto, el Ministerio de Vivienda ha presentado un paquete fiscal al Congreso para aumentar los impuestos a las viviendas vacías.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, está decidida a tomar medidas firmes. Han pasado seis meses desde que se anunciaron las acciones, y según ella, todo está en marcha. La propuesta de ley incluye aumentar los impuestos a las viviendas vacías, aplicar un 21% de IVA a los alojamientos turísticos, cambiar el régimen de las Socimis y gravar la compra de viviendas por extracomunitarios no residentes. El objetivo es hacer que los propietarios de viviendas vacías paguen más a través de modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Con la nueva fórmula propuesta, el Ministerio busca aumentar progresivamente las rentas imputadas a las viviendas vacías según su valor catastral. Por ejemplo, un propietario con una vivienda vacía de 165.000 euros actualmente pagaría 1.815 euros en impuestos, pero con los cambios propuestos, pagarían 2.475 euros. A pesar de la falta de un registro oficial actualizado de viviendas desocupadas, se estima que hay alrededor de 3,8 millones de viviendas vacías en España.

Las medidas también buscan incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler. Sin embargo, algunos expertos dudan de su efectividad. El Gobierno espera que la propuesta sea votada en el Congreso a finales de junio, pero la falta de mayoría parlamentaria presenta un desafío. La negociación con los socios del Gobierno para obtener apoyo es crucial, ya que algunos partidos como Podemos consideran la propuesta del PSOE como una «temeridad» que favorece a los propietarios. A pesar de las críticas, el Gobierno sigue adelante con su plan para abordar la crisis de vivienda en España.