La Fiscalía Anticorrupción está investigando contratos que superan los dos millones de euros adjudicados en la Diputación de Alicante por Carlos Mazón y su sucesor, Toni Pérez, a un empresario del sector de la comunicación que es amigo del presidente de la Comunitat Valenciana. Esta investigación ha generado una polémica que ha alcanzado los titulares de los periódicos locales, con la apertura de diligencias de investigación penal y la citación a declarar del denunciante, Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación.
Se trata de dos contratos millonarios destinados al servicio de planificación, negociación y compra de espacios e inserción de publicidad en medios de comunicación para la difusión de las campañas de publicidad institucional de la Diputación de Alicante. Ambas adjudicaciones recayeron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por las agencias Buena Suerte Señor Gorky SL e Idex Ideas y Expansión SL, propiedad de Miguel Quintanilla, quien también ha obtenido contratos a dedo de la Generalitat Valenciana.
La denuncia presentada por Compromís señala posibles delitos como fraude en la contratación pública, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación en la manipulación de los procesos de contratación para favorecer a una empresa en particular. Además, se cuestiona la veracidad de los descuentos ofrecidos por los medios de comunicación en las licitaciones.
## Una Cena Mensual que Desata la Polémica
Carlos Mazón y el empresario en cuestión solían participar en una cena mensual de amigos, una reunión privada de políticos, empresarios y periodistas en un restaurante de Mutxamel. Este encuentro ha sido objeto de escrutinio por su posible influencia en las decisiones de contratación de la Diputación de Alicante. La denuncia también destaca la relación cercana entre el empresario y altos cargos del Partido Popular.
La denuncia de Compromís señala que la adjudicación de los contratos podría haber favorecido a medios de comunicación afines al Partido Popular, generando un beneficio mediático para la formación liderada por Carlos Mazón. Además, se cuestiona la arbitrariedad en la adjudicación y la posible manipulación de los procesos de contratación para favorecer intereses políticos y económicos.
## Dudas sobre la Ejecución del Contrato y la Veracidad de las Tarifas
Compromís ha puesto en entredicho la ejecución de los contratos, sugiriendo que algunos medios aplicaron descuentos inflados sobre sus tarifas oficiales, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de los procesos de contratación. La denuncia también destaca la tendencia a favorecer a medios con una línea editorial conservadora en detrimento de otros con una orientación más progresista.
La investigación de la Fiscalía se centra en la veracidad de las tarifas presentadas por los medios de comunicación y la posibilidad de que se hayan inflado los precios iniciales para ofrecer descuentos irregulares. La adjudicación de los contratos se realizó bajo criterios de descuento sobre las tarifas oficiales de los medios, lo que ha generado sospechas sobre la manipulación de dichos descuentos.
La denuncia registrada el 25 de octubre apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante el mandato de Carlos Mazón y su sucesor, Toni Pérez. La relación entre el empresario beneficiado y altos cargos del Partido Popular también ha sido objeto de escrutinio, especialmente en las redes sociales donde se han compartido fotografías de encuentros entre el empresario y figuras políticas relevantes.
En resumen, la investigación en curso sobre los contratos millonarios adjudicados en la Diputación de Alicante ha generado una polémica que pone en entredicho la transparencia y legalidad de los procesos de contratación pública en la región. Los detalles de esta trama siguen saliendo a la luz, revelando posibles conexiones entre la esfera política y empresarial que han levantado sospechas entre la opinión pública.
