Investigación del tráfico de llamadas y mensajes del fiscal general por el juez del Supremo

El juez del Tribunal Supremo está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar con quién se comunicó el fiscal general del Estado en relación al caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta investigación se centra en los días clave entre el 8 y el 14 de marzo, donde se solicitaron los registros de las llamadas emitidas y recibidas por Álvaro García Ortiz, así como los «paquetes de datos» que identifiquen a las personas con las que se contactó. Además, se busca recuperar los mensajes de WhatsApp que fueron borrados cuando el fiscal general cambió de teléfono una semana después de que se iniciara el caso en su contra.

Investigación en curso

Desde finales de octubre, el juez Ángel Hurtado ha estado investigando si el fiscal general o la fiscal provincial de Madrid estuvieron involucrados en la filtración a la prensa de un correo electrónico crucial en el caso de fraude fiscal. Esta filtración involucró al abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesando un fraude fiscal de 350.000 euros y ofreciendo un pacto para evitar la cárcel. La primera acción del juez fue enviar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a registrar los despachos de los imputados y recopilar mensajes y correos enviados durante esos días críticos en marzo del año pasado.

Desafíos en la investigación

A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil, se encontraron pocos mensajes de texto en los teléfonos de García Ortiz y solo un correo relevante sobre el caso, sin información acerca de la filtración. Un informe posterior reveló que el cambio de teléfono del fiscal general, una semana antes del registro, fue la razón detrás de la falta de datos. La Fiscalía justificó este cambio como parte de un procedimiento habitual para proteger la información personal.

Nuevas diligencias

El juez ha iniciado nuevas acciones para recuperar la información que no pudo obtenerse en el registro anterior. Se han solicitado los datos de tráfico de llamadas entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado a las operadoras telefónicas, así como los paquetes de datos de los mensajes de WhatsApp intercambiados en esas fechas. Además, se ha consultado a la UCO sobre la posibilidad de recuperar los mensajes de los teléfonos que no fueron encontrados durante la investigación inicial, basándose en una sentencia previa del Tribunal Supremo relacionada con un caso de narcotráfico en Cataluña en 2018.