El juez del Tribunal Supremo a cargo de la investigación contra el fiscal general del Estado ha tomado la decisión de ampliar la investigación, incluyendo aspectos inicialmente excluidos por la Sala de lo Penal. En cuestión está el comunicado emitido en marzo de 2024 por la Fiscalía, destinado a desmentir informaciones falsas sobre el caso de fraude fiscal relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Durante una audiencia con la fiscal Pilar Rodríguez, el magistrado dejó en claro que se explorarán no solo posibles filtraciones de la confesión de Alberto González Amador, sino también la publicación en prensa de su expediente tributario y el mencionado comunicado.
### Negativas rotundas y complicaciones judiciales
Las declaraciones de los dos imputados en el caso, el fiscal general Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, llegaron tras tres meses de investigación con pocas diligencias realizadas. Ambos negaron categóricamente haber filtrado a la prensa el correo con la confesión de González Amador, desencadenante del escándalo. Sin embargo, el juez Hurtado aclaró que la investigación no se limitaba a este punto, sino que abarcaba la búsqueda del origen de las informaciones que destaparon el caso, a solicitud de los Abogados del Estado.
### La controversia del comunicado y sus repercusiones
El comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo del mismo año, en respuesta a la exclusiva publicada por elDiario.es, generó un fuerte impacto político. La estrategia de Ayuso y sus allegados para restar gravedad a las acusaciones de fraude fiscal se vio comprometida por la publicación de la Fiscalía, que contradecía la versión presentada a los medios por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. La polémica se intensificó con acusaciones cruzadas y querellas, que desembocaron en una compleja trama judicial.
El comunicado de la Fiscalía, que desmentía públicamente la versión de los implicados, desencadenó una serie de acciones legales y acusaciones de filtraciones ilegales. El caso se volvió aún más complejo cuando el Tribunal Superior de Madrid asumió la investigación, centrando su atención en el comunicado y señalando posibles violaciones del deber de reserva. A pesar de que la Sala de lo Penal concluyó que no hubo revelación indebida de información en el comunicado, el juez instructor decidió ampliar el foco de la investigación, siguiendo las pistas del origen de la noticia.
El magistrado Hurtado ha ido más allá de la supuesta filtración inicial, indagando en el proceso de elaboración del comunicado y la divulgación del expediente tributario en los días previos. La investigación se ha ramificado hacia posibles delitos relacionados con la difusión de información confidencial, mientras se analiza el alcance de la supuesta estrategia de filtración orquestada desde la cúpula de la Fiscalía General. Las declaraciones de los imputados y testigos, así como los informes de la Guardia Civil, han desencadenado un complejo entramado judicial con implicaciones políticas significativas.
El juez se encuentra en una encrucijada crucial, ya que debe decidir si profundiza en otra faceta del caso relacionada con la circulación del correo confidencial. Además, tendrá que evaluar si las negativas de los imputados a participar en filtraciones afectarán su convicción sobre las presuntas maniobras ilegales dentro de la Fiscalía. La complejidad del caso y las implicaciones legales y políticas en juego prometen un desarrollo judicial intenso en las próximas semanas.
