La Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que darle otra vez un toque al juez Juan Carlos Peinado por meterse demasiado en la investigación de Begoña Gómez. Los magistrados han aceptado parcialmente varios recursos presentados por la esposa del Presidente del Gobierno, la Fiscalía y otros implicados, y han echado por tierra varias decisiones del juez en lo que va del año de investigación: seguir investigando si Gómez estuvo involucrada en el rescate millonario de Air Europa, así como su decisión de imputar al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero madrileño Juan José Güemes, después de declarar como testigos.
Los jueces del tribunal supervisor se encontraron con hasta 16 recursos sobre la mesa. La mayoría de ellos fueron presentados por la Fiscalía y las defensas, criticando algunos movimientos clave del juez Peinado: desde citar a varios cargos de la Complutense hasta imputar a varias personas después de declarar como testigos, pasando por la toma de declaración de Pedro Sánchez en un despacho del palacio de la Moncloa.
El auto rechaza, por ejemplo, que Begoña Gómez no pueda ser investigada por supuesto tráfico de influencias y mantiene al empresario Juan Carlos Barrabés en la lista de imputados, pero le da unos cuantos golpes duros a la instrucción de Peinado. El primero por haber ampliado la causa contra Gómez a aspectos de su vida profesional que solo estaban bajo sospecha en los escritos de las acusaciones populares: su contratación en el África Center del Instituto de Empresa (IE). Fue «innecesario», dice la Audiencia Provincial, llamar a testificar a la directora de recursos humanos del IE porque no hubo ningún tráfico de influencias en la contratación de Gómez. «Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez», reprocha la Audiencia. Y pasan entonces a anular la imputación de Juan José Güemes, exconsejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre, al que Peinado encausó aludiendo a una supuesta contradicción con esa testigo que nunca existió. Ni Güemes ni la directora de recursos humanos del IE dijeron que Begoña Gómez «hubiera sido contratada por ser la esposa del Presidente del Gobierno».
La misma suerte corre la imputación de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, después de declarar como testigo por la cátedra extraordinaria que tuvo Begoña Gómez en ese centro, junto con dos másters, hasta el año pasado. La decisión «carece de fundamento» y levantan su imputación por una «ausencia de datos objetivos incriminatorios» contra él. Los jueces, que muestran su «sorpresa» por «tantos recursos» presentados contra las decisiones de Peinado, entienden que otras muchas testificales cuestionadas por las partes fueron «necesarias» y «pertinentes», entre ellas la del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la cual el juez Peinado se trasladó personalmente a Moncloa para interrogarle. Pero cuestiona algo que, reconoce, ya no tiene solución: que Peinado entregara el vídeo de esa breve comparecencia a las partes. El Presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra un familiar y el tribunal razona que «la entrega y publicación de dicho acto, carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran de la grabación sin necesidad de entregar copia». La grabación, dice el tribunal, «carecía de interés, ya que sólo contenía determinados formalismos». Ese vídeo, que según la Audiencia Provincial nunca tendría que haber sido puesto en circulación, ya fue sobradamente publicado hace meses.
El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, ya hace un año en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que «conjeturas». Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto del pasado mes de octubre, cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa.
El tercer aviso de la Audiencia Provincial para que Peinado deje de investigar el papel de Begoña Gómez en este rescate, siempre y cuando no aparezcan «hechos nuevos», lo que se lleva por delante algunas diligencias, como por ejemplo el requerimiento de Peinado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de información sobre las ayudas que se otorgaron durante la pandemia a la aerolínea. La causa contra Begoña Gómez, por tanto, sigue adelante con el empresario Juan Carlos Barrabés, el delegado del Gobierno en Madrid y su asesora Cristina Álvarez como imputados junto a la esposa del Presidente del Gobierno y queda delimitada por la Audiencia Provincial de Madrid, dejando fuera la creación de su cátedra en la Complutense, el rescate a Air Europa y su contratación en el IE. La causa sigue girando en torno a si Gómez «debía de venir aprovechándose de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional».
La decisión del tribunal madrileño llega después de que la misma Audiencia anulara los registros practicados en el despacho y la casa del empresario Barrabés mientras éste se encontraba ingresado en un hospital. «No se puede obtener la verdad a cualquier precio», reprochó entonces el tribunal al juez Peinado.
