La Iglesia católica en Chiapas ha levantado su voz en contra de la situación crítica que se vive en la región luego del asesinato del padre Marcelo Pérez el pasado domingo. El padre Marcelo era un reconocido activista de los derechos humanos, y su muerte ha conmocionado a la sociedad y a la comunidad religiosa en general. Ante este trágico suceso, la iglesia ha pedido a las autoridades que garanticen la paz y hagan frente al avance del crimen organizado.
Diversas diócesis de México, así como miembros de la comunidad internacional, se han unido para presionar a los gobiernos federal, estatal y local a tomar medidas enérgicas contra los grupos criminales que operan en la región. La diócesis de Tehuacán, que abarca cinco obispos y un arzobispo de Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, ha clamado: «¡Basta de violencia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! Que la sangre del p. Marcelo no haya sido derramada en vano».
La diócesis de San Cristóbal ha sido una de las más activas en este llamado a la paz, solicitando el desarme y desmantelamiento inmediato de los grupos criminales que operan en la región. Chiapas ha estado bajo la influencia del crimen organizado durante meses, con enfrentamientos diarios entre los diferentes cárteles de la droga, mafias locales y grupos de autodefensa.
El padre Marcelo Pérez fue asesinado a tiros al salir de misa en San Cristóbal de las Casas, y se sabe que había recibido amenazas antes de su muerte. Durante años, trabajó en la región de Los Altos, tratando de mediar en conflictos locales por el territorio. La diócesis de San Cristóbal de las Casas ha denunciado que ya en 2020 alertaron sobre el aumento de la descomposición social debido a la presencia de grupos delincuenciales y la permisividad de las autoridades.
La iglesia ha exigido un alto total a la violencia, señalando que la impunidad, la corrupción y la negación de los hechos violentos han contribuido a la actual situación en la región. Diversas figuras religiosas, como el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, han pedido a las autoridades que busquen estrategias efectivas para garantizar la paz y la seguridad en la región.
La diócesis de Tarahumara en Chihuahua también ha expresado su indignación por lo sucedido, recordando el brutal asesinato de dos sacerdotes jesuitas y dos laicos en 2022 a causa del narcotráfico. Se ha señalado que si bien no se puede culpar únicamente al gobierno, este tiene la responsabilidad principal de hacer valer el Estado de derecho.
La muerte del padre Marcelo Pérez ha resonado a nivel internacional, llegando incluso a oídos del papa Francisco. Diversas organizaciones y figuras internacionales han condenado el crimen y han pedido justicia. Es fundamental que se generen entornos seguros para que los defensores de los derechos humanos en México puedan ejercer sus actividades sin temor a represalias. La violencia y la intimidación no pueden seguir siendo una amenaza para quienes luchan por un mundo más justo y pacífico.
