Hace 30 años, se creó una ley federal que proporciona descuentos en medicamentos a los proveedores de atención médica que tratan a pacientes de bajos ingresos. Estos proveedores pueden vender los medicamentos a precios normales y obtener ganancias, que luego pueden usar para mejorar la atención médica de las poblaciones desfavorecidas.
La Propuesta 34 busca que los proveedores gasten el 98% de esas ganancias en la atención directa al paciente, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen la necesidad de gastar al menos $100 millones en áreas no relacionadas con la atención directa, ser propietarios y operadores de edificios de apartamentos, y tener al menos 500 violaciones graves de salud y seguridad en la última década.
Según Ben Christopher, un reportero de CalMatters Housing, la única organización que se vería afectada por esta propuesta es la AIDS Healthcare Foundation (AHF). Esta organización ha sido un actor importante en la política de vivienda de California y ha estado impulsando la Propuesta 33, que también estará en la boleta electoral de noviembre.
«La Propuesta 34 parece ser una forma de venganza dirigida específicamente a la AIDS Healthcare Foundation, debido a su participación en iniciativas de control de alquileres», explicó Susie Shannon, directora de la campaña «No on 34» y colaboradora de AHF.
La Asociación de Apartamentos de California está respaldando la Propuesta 34, argumentando que algunos proveedores están desviando fondos destinados a la atención de pacientes para la construcción de viviendas que son gestionadas de forma deficiente.
Aunque el texto de la propuesta parece centrarse en la atención médica, en realidad está relacionado con la política de vivienda en California, según Christopher. Esto demuestra cómo los grupos de interés político utilizan las propuestas para promover sus objetivos específicos, en este caso, la política de vivienda en el estado.
