El fiscal general presenta un recurso contra las deducciones de la Guardia Civil: se busca anular el allanamiento
La causa contra el fiscal general del Estado y dos de sus colaboradores se acerca a un punto crucial en manos del juez Ángel Hurtado: determinar si Álvaro García Ortiz deberá enfrentar un juicio por la filtración de datos relacionados con el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tras escuchar a los tres imputados y a más de una docena de testigos, el magistrado del Supremo tiene tres eventos clave en las próximas semanas: la respuesta de la Guardia Civil sobre la recuperación de mensajes del teléfono del fiscal general, el desarrollo de la parte del caso vinculada a la Moncloa y la decisión de la Sala de Apelaciones en relación con los registros en los despachos de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez a finales de octubre, eslabón crucial en esta trama.
Los tres imputados han comparecido ante el juez después de casi tres meses de investigación. Todos coinciden en que su intención no era revelar secretos del fraude fiscal de Alberto González Amador, sino desmentir informaciones falsas difundidas por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a los periodistas. Sin embargo, niegan categóricamente haber filtrado datos a la prensa, desafiando así la teoría del juez de una estrategia conjunta para exponer información con fines políticos.
El juez basa su instrucción en las deducciones de la Guardia Civil, que analizó los mensajes de Pilar Rodríguez con el fiscal general, Villafañe y otros colaboradores durante los días clave. A pesar de las negaciones de los implicados, el magistrado sospecha que se filtró el correo con la confesión del empresario y todo su expediente tributario. La defensa argumenta que la información ya estaba circulando fuera de la Fiscalía cuando obtuvieron los correos.
Recursos contra los registros
La estrategia de la defensa busca evitar un juicio, alegando que el juez ya tiene una opinión preconcebida sobre los hechos. La UCO debe comunicar si encontró algún mensaje en el teléfono del fiscal general después de que cambiara de terminal y eliminara sus comunicaciones, mientras la Sala de Apelaciones decidirá pronto sobre los registros en los despachos de los imputados.
El juez ha rechazado la imputación de Pilar Sánchez Acera varias veces, pero aún debe analizar los hallazgos de la UCO sobre los mensajes que cruzó con Juan Lobato. El caso está cerca de decidir si se enviará a juicio, centrando la atención en la filtración del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, la jueza aún no ha logrado tomar declaración a Alberto González Amador, llamado por quinta vez para comparecer en febrero.
