El Tribunal Supremo genera malestar en el sector progresista del Tribunal Constitucional al inadmitir una querella presentada por Vox y HazteOir contra los magistrados progresistas del Constitucional. La querella acusaba a estos magistrados de prevaricar en sus decisiones sobre el caso de los ERE de Andalucía. Aunque el Supremo rechazó la querella, su decisión ha levantado ampollas en el Constitucional al considerar que se está yendo más allá de lo que permite la ley al examinar las resoluciones judiciales del tribunal de garantías.
El caso de los ERE de Andalucía se ha convertido en un punto de fricción entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Las sentencias del Constitucional que anularon parte de las condenas de los políticos andaluces no fueron bien recibidas en la Sala de lo Penal del Supremo, donde algunos magistrados consideraron que el tribunal de garantías había excedido sus funciones. El conflicto se intensificó con la presentación de querellas por parte de Vox y HazteOir, acusando al sector progresista del Constitucional de prevaricar en sus decisiones.
El Supremo, siguiendo su línea de inadmitir querellas presentadas por Vox y HazteOir en los últimos años, rechazó la querella dirigida contra los magistrados del Constitucional. Sin embargo, esta acción penal marca un hito al ser la primera vez que se dirige una querella contra magistrados del Constitucional por prevaricar en una sentencia. La decisión del Supremo, además de absolver a los magistrados de cualquier delito en relación con los ERE de Andalucía, plantea una cuestión fundamental que podría desencadenar un choque entre ambos tribunales: ¿puede el Supremo valorar las decisiones del Constitucional?
La Ley del Tribunal Constitucional establece que sus resoluciones no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Sin embargo, el auto del Supremo revelado por elDiario.es sugiere que un magistrado del Constitucional podría ser imputado por prevaricar en su trabajo, aunque no goza de inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones. Las sentencias del Constitucional están excluidas del enjuiciamiento jurisdiccional, pero esto no significa que el tribunal tenga libertad absoluta para resolver sin atenerse a la legalidad.
Diversas fuentes del sector progresista del Tribunal Constitucional han expresado su malestar ante esta situación. Consideran que las querellas de la extrema derecha han sido correctamente rechazadas, pero critican al Supremo por ir más allá de lo permitido por ley al examinar y juzgar las sentencias del Constitucional. Esta situación plantea un desafío sin precedentes entre ambos tribunales, recordando conflictos anteriores que llevaron a la introducción de normas específicas en la ley del Constitucional en 2007.
La decisión del Supremo ha generado preocupación entre los miembros del Constitucional, algunos de los cuales están evaluando posibles respuestas. Aunque la posibilidad de activar mecanismos legales para contrarrestar la decisión del Supremo parece remota, el malestar en el tribunal de garantías es evidente. La tensión entre ambos tribunales refleja un debate más amplio sobre los límites de la jurisdicción y la independencia judicial en España.
