El Pacto de Estado contra la Violencia de Género está a punto de ser finalizado, con la excepción de Vox, tras un acuerdo entre los partidos políticos que allana el camino para su aprobación definitiva. Una de las medidas más destacadas dentro de este pacto es el reconocimiento de la violencia económica como una forma de violencia machista.
Este nuevo acuerdo, según un informe obtenido por elDiario.es, incluye más de 400 medidas en varios ámbitos, algunas de las cuales ya están contempladas en la normativa actual, mientras que otras representan modificaciones innovadoras. Para implementar estas medidas, se ha asignado un presupuesto económico que se ha incrementado a 1.500 millones de euros anuales, distribuidos en diferentes áreas de actuación.
El texto del pacto busca incorporar de manera específica la violencia económica en el ordenamiento jurídico español, siguiendo la Directiva Europea 2024/1385. Además, busca regular y definir la violencia económica como la acción de limitar, suprimir o controlar el acceso de las víctimas a los recursos económicos para que dependan económicamente del agresor. Se destaca que la violencia económica de género abarca no solo el impago de pensiones, sino también otras conductas delictivas como el alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.
Propuestas para la reforma del Código Penal
Dentro de las propuestas del pacto se incluye la creación de un tipo penal en el Código Penal que recoja todas las conductas que buscan limitar la economía e independencia económica de las mujeres, así como la adición de una modalidad agravada al delito de impago de pensiones que considere la situación económica de la víctima.
Medidas en el ámbito judicial y de asistencia a las víctimas
En el ámbito judicial, se propone la ampliación del temario de las oposiciones a la judicatura y en la Escuela Judicial, así como el refuerzo de la especialización de los Juzgados Penales. Se plantea la posibilidad de que todos los operadores jurídicos reciban formación transversal en violencia vicaria. Además, se sugiere la especialización evaluable de los equipos psicosociales que asisten a los juzgados en casos de violencia de género.
En cuanto a la asistencia a las víctimas, se plantea establecer un sistema de acompañamiento y ayuda para evitar la desprotección de las mujeres y promover que haya un único profesional de referencia para las víctimas en todo el proceso asistencial. También se incorporan las unidades de apoyo en el ámbito local que incluyan servicios sociales, sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y juzgados, con el fin de acompañar a las mujeres en los procesos judiciales.
Además, se propone la detección precoz de la violencia machista en el ámbito sanitario, así como la extensión de unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil a todas las comisarías del territorio español, incluyendo el mundo rural.
En el ámbito educativo, se plantea el impulso de la educación afectivo-sexual y la regulación de las titulaciones necesarias para impartir estos contenidos. También se propone un protocolo común en el Sistema Nacional de Salud para la detección temprana de la violencia machista.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a punto de ser aprobado, representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género, incorporando medidas concretas y novedosas para abordar diferentes aspectos de esta problemática. Con un enfoque integral que abarca desde aspectos legales hasta asistencia a las víctimas y detección precoz, este pacto demuestra el compromiso de la sociedad en la erradicación de la violencia de género.
