La noticia que ha estado circulando recientemente en los medios locales ha sido la validación por parte de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo de la diligencia crucial en el caso contra el fiscal general. Esta diligencia incluyó registros en los que la Guardia Civil intervino en los teléfonos tanto del fiscal general como de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y también imputada. La decisión de los tres magistrados fue unánime, afirmando que no había otra opción que llevar a cabo esta diligencia para evitar la renuncia a la investigación y la creación de un entorno de impunidad.
Los magistrados también enviaron un mensaje al fiscal general, mencionando que si hubiera entregado voluntariamente la información solicitada, la medida habría sido innecesaria. Explicaron que acceder a las comunicaciones era crucial para determinar cómo se reveló el correo electrónico en cuestión a un tercero, enfatizando que en una institución como la Fiscalía, las filtraciones internas pueden ser legítimas siempre y cuando no se divulguen fuera de sus límites.
Registros y Recursos
El juez Hurtado, responsable de la causa, decidió mantenerla bajo secreto de sumario poco después de iniciar las investigaciones. En octubre pasado, envió a la unidad de élite de la Guardia Civil a los despachos del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid para buscar mensajes y correos relacionados con la filtración. Aunque no se encontraron mensajes en el teléfono del fiscal general, los agentes descubrieron información relevante en el móvil de la fiscal provincial de Madrid, que se convirtió en un elemento clave de la investigación.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado impugnaron estos registros ante la Sala de Apelaciones, presentando recursos que tardaron más de cuatro meses en ser deliberados. Las alegaciones del Ministerio Público fueron presentadas por María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, quien llegó a calificar el registro como un «allanamiento» durante una comparecencia ante el juez Hurtado.
Investigación en Curso
La Sala de Apelaciones explicó que al llegar el caso al Tribunal Supremo, existían suficientes indicios para justificar la investigación, especialmente en lo que respecta a posibles delitos cometidos a través de medios informáticos como correos electrónicos o WhatsApp. Se señaló que la investigación a través de estos medios era la única forma de esclarecer los hechos, ya que los delitos informáticos deben ser abordados con los mismos métodos utilizados para cometerlos.
Esta diligencia permitió obtener mensajes intercambiados por Pilar Rodríguez con el fiscal general, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica y la fiscal jefe de Madrid, que demostraron la crisis informativa ocurrida en marzo. Aunque estos mensajes no revelaban información concreta sobre la filtración, sustentaron la teoría de que la misma provenía de la Fiscalía, otorgando un papel destacado al fiscal general en el proceso.
En cuanto al caso contra el fiscal general, se encuentra en una etapa avanzada a la espera de la conclusión de dos líneas de investigación adicionales. El juez Hurtado está investigando la recuperación de los mensajes del teléfono borrado de Álvaro García Ortiz y la posible implicación de una asesora de la Moncloa en la recepción ilegal del correo electrónico filtrado. Se ha citado a declarar a Pilar Sánchez Acera, excolaboradora de Presidencia y actual secretaria de organización del PSOE en Madrid, para el próximo mes de marzo.
