Muface ha dado a conocer en su portal de contratación las nuevas condiciones destinadas a persuadir a las aseguradoras de continuar brindando asistencia sanitaria privada a los funcionarios y sus familias. Las compañías tienen plazo hasta el 4 de marzo para presentar sus propuestas. El documento de rectificación de la propuesta original confirma un aumento en la prima del 41% en tres años, una medida bien recibida por Adeslas y Asisa.
El presupuesto total del contrato, una vez ajustado el precio, asciende a 4.808,5 millones de euros, lo que representa un incremento de 1,276,5 millones de euros con respecto al concierto vigente. Muface asegura que tanto los titulares como los beneficiarios seguirán recibiendo la misma atención médica que disfrutan actualmente, gracias a una prórroga forzosa del acuerdo actual que expiraba el 31 de enero.
Tercer intento de asegurar la continuidad
Esta iniciativa marca el tercer esfuerzo del Ministerio de Función Pública por asegurar la permanencia de las aseguradoras privadas en Muface, tras meses de tensiones. En octubre, el Gobierno aprobó la primera licitación que, por primera vez en la historia de Muface, quedó desierta a pesar de un aumento del 17% en la prima. Ante este revés, en diciembre se lanzó una nueva oferta con un incremento acumulado del 33,5% en tres años.
Durante este proceso, el Ministerio ha mantenido conversaciones con Adeslas y Asisa, las dos compañías que actualmente brindan asistencia sanitaria a la mayoría de los funcionarios que optan por el seguro privado. Tras la suspensión del plazo de presentación el 25 de enero, se anunciaron modificaciones en los pliegos, reflejadas en el aumento del presupuesto de 4.134 a 4.429 millones de euros.
Receptividad de las aseguradoras y desafíos financieros
Adeslas manifestó su disposición a reconsiderar su posición ante el anuncio de un aumento del 41% en la prima. Tanto esta compañía, perteneciente al Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, como Asisa, han expresado su viabilidad para continuar en Muface. Sin embargo, las aseguradoras han denunciado la infrafinanciación del modelo y han solicitado compensaciones por costos imprevistos derivados de situaciones como la pandemia de covid y la crisis inflacionista provocada por la invasión rusa de Ucrania.
El Gobierno ha mostrado apertura a compensar a las aseguradoras en circunstancias excepcionales, aplicando la doctrina del riesgo imprevisible. Esta respuesta se da en el contexto de la publicación de las nuevas condiciones en el portal de contratación y la denuncia realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante la Fiscalía General del Estado por la suspensión de la asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface.
A pesar de las quejas recibidas por la CSIF, provenientes de mutualistas a quienes se les han anulado citas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas, este sindicato se ha destacado por defender el modelo actual que permite a 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, acceder a un seguro privado financiado con fondos públicos. La situación plantea desafíos financieros y administrativos que requieren una solución consensuada entre las partes involucradas.
Este es el escenario actual en el que Muface y las aseguradoras enfrentan un nuevo capítulo en su relación, marcado por ajustes financieros, negociaciones complejas y la búsqueda de un equilibrio que garantice la continuidad de la asistencia sanitaria privada para los funcionarios y sus familias. La fecha límite del 4 de marzo se acerca, y con ella, la expectativa de un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas en este proceso de renovación y adaptación a las necesidades del sistema de salud.
