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El Gobierno no cederá a Catalunya las competencias de extranjería y control de fronteras. Junts reclama estas responsabilidades, pero el PSOE ha dejado claro que es un tema técnico y legal. Los independentistas catalanes exigen que la Generalitat se encargue de los trámites de inmigración y que los Mossos d’Esquadra controlen las fronteras, demandas que el Gobierno considera no encajan legalmente.

En una entrevista en laSexta, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mencionó que es necesario llegar a un acuerdo dentro de los límites constitucionales. Se había llegado a un punto cercano a un acuerdo sobre las competencias de los servicios de acogida, pero el bloqueo ocurrió antes de Navidad, en unas negociaciones entre Junts y el Ministerio de Migraciones.

En una entrevista en TVE, el secretario general de Junts, Jordi Turull, expresó que quieren que la Generalitat sea la institución de referencia para los inmigrantes en Catalunya. Desde la Moncloa, se busca evitar conflictos públicos con los independentistas y se espera que se pueda desbloquear esta situación para avanzar en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Propuesta del Gobierno y Ley Orgánica en Gestión Migratoria

El Gobierno está trabajando en una ley orgánica sobre gestión migratoria, en la que participan hasta cinco departamentos ministeriales. Esta ley permitiría a las Comunidades Autónomas, no solo a Catalunya, asumir competencias en la acogida e integración de inmigrantes. Se considera un paso lógico para fortalecer los servicios sociales locales en el proceso de inclusión social de estas personas.

Además, se estudia la posibilidad de que los Mossos d’Esquadra participen en operaciones fronterizas específicas y emitan informes sobre expulsiones. Sin embargo, las competencias estatales como Interior y Asuntos Exteriores seguirían siendo fundamentales en estos procesos.

Antecedentes en la cesión de la acogida

El Gobierno ha cerrado acuerdos con Euskadi para transferir competencias en la acogida de beneficiarios de protección internacional. Esto permite que las comunidades autónomas asuman la gestión integral de la fase de autonomía de estos beneficiarios, facilitando su inclusión en la sociedad. Estos acuerdos han demostrado ser exitosos y han recibido financiamiento para su implementación.

Durante las negociaciones con Junts, se discute si se limitarán a aplicar esta fórmula de transferencia de competencias en la acogida o si se ampliará a otras fases del sistema. La reforma del sistema de asilo, incluida en el Plan de Recuperación y Resiliencia, también contempla avanzar en la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, de acuerdo a sentencias judiciales previas.

El proyecto del Ministerio de Inclusión, diseñado durante la gestión de José Luis Escrivá, busca una colaboración entre el Estado y las autonomías para mejorar la acogida de solicitantes de asilo. Se plantea una fase previa de atención por parte del Estado antes de derivar a las comunidades autónomas, con criterios objetivos para distribuir a los beneficiarios por distintos territorios.