El Gobierno se enfrenta a una polémica inesperada tras anunciar que los receptores del salario mínimo interprofesional (SMI) deberán pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de ahora. Lo que se suponía sería un día de celebración por la subida del SMI a 1.184 euros en 14 pagas, se convirtió en un conflicto interno que dividió al gabinete y sus aliados.
Durante la reunión del Consejo de Ministros que aprobó la subida del SMI, no se abordó el tema del IRPF que había generado tensiones entre los departamentos de Hacienda y Trabajo. Sin embargo, la calma se rompió cuando el Ministerio de Hacienda anunció minutos antes de una rueda de prensa que los receptores del SMI ya no estarían exentos del pago del impuesto, sorprendiendo incluso a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La ministra expresó su descontento públicamente, destacando que la medida afectaría principalmente a trabajadores en Andalucía y acusando al PSOE de no reconocer el mérito de la subida del SMI en los últimos años. La confrontación entre Díaz y la ministra de Hacienda en la rueda de prensa reflejó la división en el seno del Gobierno.
Ante la controversia, los aliados del Gobierno, incluido el PP, amenazan con oponerse a la medida en el Congreso, desafiando la posición del Ejecutivo. Mientras tanto, Sumar, el grupo de Díaz, exige que Hacienda rectifique y propone elevar el mínimo exento del IRPF para los beneficiarios del SMI. Esta propuesta cuenta con el apoyo del PP, lo que podría complicar la situación para el PSOE.
En medio de la creciente tensión, la Moncloa lamenta que el debate sobre el IRPF haya eclipsado la subida del SMI y reconoce que la oposición parlamentaria podría representar un golpe a corto plazo. Sin embargo, defienden la medida de Hacienda y critican la postura de Sumar, subrayando que el objetivo es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sumar, junto con Podemos y el PP, planean presentar proposiciones de ley para restituir la exención del IRPF a los beneficiarios del SMI si Hacienda no revierte su decisión. Esta oposición unida refleja el descontento generalizado con la medida, incluso entre los aliados del Gobierno. Mientras tanto, el PNV y otros partidos muestran cierta ambigüedad en su postura, abriendo la puerta a posibles cambios.
En resumen, la decisión de Hacienda de gravar el IRPF a los receptores del SMI ha desencadenado una crisis interna en el Gobierno y sus aliados, generando un frente común contra la medida. Mientras se intensifica el debate en el Congreso, la incertidumbre y la tensión política rodean esta polémica que afecta a millones de trabajadores en España.
